La reforma laboral que actualmente se encuentra radicada ante el Congreso de la República, mantiene en vilo, a los diferentes sectores del país, los cuales directa o indirectamente, se sienten amenazados por su contenido. Hay que tener en cuenta, que son muchos los actores involucrados en esta, cuyo eje principal, es la formalización del empleo, bajo los principios de justicia y dignidad de los trabajadores.
Partiendo del entendido, que una reforma es equivalente a cambios, y que los cambios traen consigo consecuencias, es importante atender el impacto en cada uno de los gremios afectados; tal como sucede con las Micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes- que con más del 96%, representan el mayor segmento empresarial del país, generando cerca del 81% de los empleos a nivel nacional, por lo que cualquier modificación que promueva este proyecto de Ley, concentra la atención de este importante sector.
Por lo anterior, en diferentes oportunidades, voceros de esta agremiación, han clamado porque la reforma laboral se haga bajo dos lineamientos: Jurídico y Económico, dado que para esta colectividad, no se puede promover una Ley como esta, desatendiendo las implicaciones económicas que esto conlleva, enfatizando así, la incidencia en la generación de empleos y en la diferenciación que se debe hacer entre los empleadores de este gremio y las grandes empresas respecto a los costos laborales.
Aunado a lo anterior, recordemos que para un empleador, contratar a un trabajador, representa en costo laboral, una cifra superior al salario mínimo, pues a esto, se debe incluir los aportes a la seguridad social, el pago de prestaciones sociales y los parafiscales, cifra que para en el año 2023 se estima en $1.770.406 pesos mensuales, y que de aprobarse el proyecto de la reforma, se prevé aumente en un 40%, situación que desmejora las condiciones del gremio de las Mipymes, ya que la generación de empleo y el fortalecimiento empresarial se convertirá en un desafío mayor.
En cuanto a los costos laborales, es necesario hacer un paralelo entre las grandes empresas las cuales representan cerca del 0,5 % del tejido empresarial, cuyo adjetivo de “grandes” se refiere a sus ingresos superiores a los $60.000 millones de pesos, en el sector de la manufactura; $75.000 millones, en el de comercio, y $17.000 millones en el de servicios, y las Mipymes cuyas cifras de sus ingresos no se acercan a los anteriores, y por tanto, resulta injusto e inequitativo que un pequeño empresario asuma las mismas responsabilidades económicas que un gran empresario, en calidad de empleadores.
Así las cosas, los representantes de las Mipymes, consideran que el documento que pretende redefinir aspectos como recargos nocturnos, dominicales, contratos laborales, y tercerización laboral, entre otros, traerá consigo repercusiones negativas, evidenciadas en el fracaso de empresas consolidadas y la reducción de las iniciativas empresariales, toda vez que, serán mayores los costos que un empleador deberá asumir respecto de sus trabajadores, e incluso, ante una eventual desvinculación, ya que la propuesta de que el contrato a término indefinido sea la regla general, limitaría las causales de terminación contractual a un despido por justa causa.
Igualmente, resaltan que la tendencia actual de las relaciones laborales, no es capricho de los empresarios, por el contrario, es producto de una sociedad que se ha venido reinventando desde tiempos anteriores a la pandemia ocasionada por el Covid-19, y que ha encontrado en las herramientas tecnológicas tales como las aplicaciones de delivery, una importante fuente de ingresos.
Finalmente, aunque el futuro sobre este asunto aún es incierto, hay algo que si es claro, uno de los objetivos fundamentales del Estado, debe ser la generación de empleos, y en virtud de que estos actualmente en el país, son proporcionados en su mayoría, por las Mipymes, se debe lograr obtener un consenso que permita beneficios y la menor afectación para las partes, ya que el empleo igualmente posee un propósito de justicia y dignidad respecto a los trabajadores.
En este orden de ideas, debe existir una diferenciación entre las categorías empresariales, que logre disminuir las cargas previstas con la reforma laboral a las Mipymes, así como también, la adopción de propuestas, tales como la gradualidad en la implementación de la jornada diurna y nocturna, y la implementación de modelos flexibles, con el fin de reducir los aspectos negativos que se presumen con este Proyecto de Ley.
